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El volumen de licitación de obra pública de la Administración central en la provincia de Huesca desciende un 80%

Zaragoza.- El volumen de licitación oficial de obra pública ha experimentado un significativo descenso en 2009 respecto al año 2008, situándose el volumen de licitación en términos parecidos al año 2007 y ligeramente superior a los años 2002 a 2004, según la Federación de Asociaciones de la Construcción de la Provincia de Huesca (FAC).

En cuanto al número de obras licitadas, en la provincia de Huesca se licitaron el año pasado 462 obras frente a las 291 del año 2004, 397 en el año 2005, 455 del año 2006, 407 en el año 2007 y 300 del año 2008.

Asimismo, se observa que el volumen de licitación en Huesca de la Administración Central pasó de los 358.444 millones de euros de los años 2006 y los 204.412 millones del año 2007, a los 516.839 millones del año 2008 suponiendo la variación un significativo 153% respecto a la cifra del año 2007. Sin embargo, en el año 2009 la variación de 410.913 representa un 80% menos del volumen licitado en el año 2008.

En cuanto a la inversión de la Comunidad Autónoma ésta ha sido ligeramente superior, resultando significativo el incremento de volumen de las Administraciones locales como consecuencia del Fondo Estatal de Inversión Local.

En todo caso, de los datos analizados por FAC se constata un descenso del 41,05% de la licitación pública en Aragón y que el peso porcentual de la licitación de la provincia de Huesca es de un 27,01% sobre el total de la Comunidad.

Es esta línea, otro dato revelador que permite conocer la importancia cuantitativa que tiene la provincia de Huesca para las distintas Administraciones en términos comparativos con otras provincias es el de la licitación por habitante y kilómetro cuadrado. Así, partiendo de los datos que se conocen del ejercicio anterior se comprueba que la licitación por habitante y kilómetro cuadrado en Huesca fue de 5.506 euros frente a los 4.932 de Zaragoza y los 4.179 euros de Teruel.

En cuanto al sector de la vivienda, desde la Federación se quiere poner el acento en que no existe una estadística absolutamente fiable de viviendas libres construidas, no coincidiendo los datos que aportan los colegios oficiales de arquitectos con los del Ministerio de Vivienda. No obstante, y atendiendo a los datos aportados por el Colegio Oficial de Arquitectos y comparando los períodos de los dos últimos años, se constata una reducción del 48,63% en el número total de viviendas visadas en el 2009 respecto a las de 2008 y de un 76,44% respecto a 2007.

Fuente: www.aragondigital.es

La vuelta por necesidad al sistema concesional pero sin peaje explícito

Ignacio Mulas.– La escasez general que atraviesan las finanzas públicas se ha disparado con la crisis y afecta ya a todas las rúbricas de los presupuestos de las tres administraciones (estatal, autonómica y local), aunque ello no obsta para que éstas no practiquen el sano ahorro, sino más bien para que justifiquen esquilmar aún más a los ciudadanos y, so capa de solidaridades y demás zarandajas del embaucador discurso habitual, intenten seguir gastando lo que no se tiene. En estas estamos, como de costumbre. La inversión en infraestructuras es uno de los aspectos del gasto público que más se va a resentir -que ya se está resintiendo- en los próximos años lo que, a pesar de discursos más o menos triunfalistas de puertas afuera, preocupa tanto a los gestores de la cosa que ha provocado un fenómeno vedado desde el inicio de las dos últimas legislaturas socialistas: ahora la financiación privada y su conclusión más habitual, el pago por uso de determinadas infraestructuras es, públicamente, una solución a emplear siempre que se pueda.

Se deja -de momento- de demonizar las concesiones y se promete su uso en cantidades industriales. El mercado concesional vuelve a salir del pozo, parece, pero siempre huyendo lo más posible de ese concepto básico para el buen fin de estas operaciones que es el peaje explícito.

El mercado de las concesiones en España por parte de las tres administraciones públicas en los últimos seis años -recogiendo los proyectos de más de seis millones de euros, según el cómputo de la asociación de las grandes constructoras, que da un total bastante fiel del conjunto- ha movido una media de cerca de 6.000 millones de euros anuales, un porcentaje medio de entre el 0,7% y un escaso 0,8% del PIB anual, y se ha aplicado en el período a más de 375 operaciones. La Administración central ha puesto en marcha con este sistema 35 proyectos por importe estimado de 10.746 millones de euros;  la Administración autonómica lo ha hecho con 144 proyectos por importe de cerca de 18.200 millones de euros; y la Local lo ha aplicado a 195 proyectos por importe de casi 5.700 millones de euros.

Se ha aplicado a proyectos de todo tipo, no solo de infraestructuras. Dentro de ellas, la parte más importante se ha ido a mantenimiento y reposición de infraestructuras ya existentes; en estos casos, e incluso en los de nueva construcción, no se ha utilizado el sistema de peaje explícito sino el denominado peaje en sombra, en el que el usuario sigue utilizándolas sin abonar peaje, pero éste es satisfecho por todos los contribuyentes, usen o no estas carreteras, a través de pagos del ente público concesionario -variables según el tráfico- a lo largo de toda la vida de la concesión.

La envergadura individual media de cada proyecto es mucho mayor en la administración central, menor en la autonómica y mucho menos significativo en la local, respondiendo estas medias lógicamente a las capacidades y necesidades derivadas de vertebrar o dotar a todo el Estado y que por tanto benefician también a las comunidades autónomas y a los municipios, o a las derivadas de dotar únicamente al territorio de cada comunidad y al más pequeño ámbito geográfico y demográfico local de los ayuntamientos. Así, la media de inversión por proyecto ha sido en estos seis años analizados (2003-2008) de 307 millones de euros en el caso de la administración central, 126 millones en el de las Comunidades autónomas y ya muy lejos de esos importes, de 29 millones de euros por cada proyecto local. En ningún año se ha llegado a la cuarta parte de la licitación pública total.

Un primer análisis de la evolución de estas magnitudes arroja conclusiones significativas. En primer lugar que la Administración central, desde 2003 en el que licitó por este concepto 3.500 millones de euros, ha dejado en blanco los años 2004 y 2006 y en cantidades muy bajas, apenas testimoniales, los años 2005 (641 millones) y 2006 (955 millones). Sólo en 2007 y fundamentalmente por solo programa -la rehabilitación, reposición de firmes y obras complementarias de reforma de trazado de las autovías de primera generación- licitó bajo la modalidad de peaje en sombra nada menos que 5.649 millones de euros en los 13 proyectos derivados de esta actuación, llevando ese año el conjunto, del pico conseguido en 2003 con el 21,2% del total de licitación total en todo el Estado, a un 24%, máximo en el período considerando.

Las CC.AA. han mantenido un ritmo mucho más igualado año con año habiendo utilizado el sistema todos los años del período y los municipios, que también han utilizado el sistema todos los años, después de dos años (2003 y 2004) de muy bajo uso del sistema cogieron carrerilla, manteniendo el resto de años del período analizado en magnitudes entre los 706 millones de 2007 y los 1.986 millones de 2005.

Desde la óptica de las empresas puramente constructoras e incluso desde el de algunas concesionarias, la postura habitual es, en este debate/dilema de si peaje pagado por el usuario o peaje pagado por la administración, aplicarse la famosa máxima confuciana/felipista de que "no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". Y no pude reprochárseles semejante pragmatismo puesto que su fin es mantener y si es posible hacer crecer su cartera y su negocio. Pero desde el punto de vista político y por tanto social, ya es otra cosa.

Aparte de la necesidad de mejorar ostensiblemente los procedimientos de desarrollo, licitación, adjudicación y reparto de responsabilidades entre concedente público y concesionario privado -que por cierto, cuando no son los adecuados ocurren desastres como el que ha afectado a los contratos de concesión de la reforma de las autovías de primera generación y que a la postre nos van a costar una pasta gansa a los contribuyentes, a todos, usemos o no esas infraestructuras-, no se puede entender desde una equidad medianamente objetiva que nuestros gobernantes consideren lógico que el usuario pague por la luz, el gas, el uso del tren o del avión o incluso co-pague los medicamentos, y considere como no "progresista" pagar por usar otras infraestructuras de transporte como es el caso de las carreteras. Aunque lo diga la UE; a esos les echamos a Maradona.

Fuente: www.capitalmadrid.info